Los retos de las políticas de seguridad en América Latina

Los retos de las políticas de seguridad en América Latina
por José Emilio Graglia y Carla Tassile

Durante 2019, distintos países de América Latina experimentaron una serie de protestas ciudadanas, seguidas por represiones estatales que provocaron nuevas protestas. Esta seguidilla de acontecimientos configuró un círculo tan vicioso como peligroso. Las motivaciones de esas revueltas fueron varias y diversas.

No se pueden comparar los casos de Venezuela y Nicaragua con los reclamos populares que se dieron en el resto de los países citados. Nicolás Maduro y Daniel Ortega encarnan gobiernos dictatoriales que deciden y accionan en contra de las Constituciones y las leyes propias de un Estado de derecho. En este trabajo, nos ocuparemos del resto.

Los casos de Honduras, Ecuador, Chile y Colombia se originaron en asuntos económicos o sociales. En cambio, los de Perú, Bolivia y Panamá fueron a causa de temas políticos e institucionales. Más allá de estas diferencias, en todos los casos hubo un elemento catalizador que puso en evidencia un amplio y profundo descontento social.

A pesar de que la seguridad es de los principales problemas que perciben los latinoamericanos (Latinobarómetro, 2018), las protestas tuvieron en este tema su raíz. No obstante, las protestas también pusieron en evidencia el estrepitoso fracaso de las políticas de seguridad.

En general, las políticas públicas pueden ser definidas como planes (programas o proyectos) que tienen a un Estado (nacional o subnacional) como responsable principal y a una sociedad como primera destinataria y partícipe necesaria; buscan el bien común, la satisfacción social y la aceptación ciudadana (Graglia, 2017).

Más específicamente, las políticas de seguridad son aquellas políticas públicas que buscan la baja del delito y la violencia (seguridad objetiva) y, por consiguiente, la disminución del miedo a ser una de sus víctimas (seguridad subjetiva). En materia de seguridad, eso es buscar el bien común mediante la satisfacción social y la aceptación ciudadana.

El éxito de una política de seguridad es, en definitiva, que las personas puedan vivir las unas con las otras pacíficamente, ejerciendo los derechos propios y respetando los derechos ajenos. Con ese fin, deben observar y ampliar libertades, no limitarlas ni mucho menos eliminarlas.

Atento a ello, sostenemos que las protestas y represiones acaecidas durante el año pasado pusieron en evidencia el estridente fracaso de las políticas de seguridad. Para empezar, porque los problemas de origen económico-social o político-institucional no se solucionan con fuerzas armadas o policías militarizadas en las calles. Todo lo contrario.

Además, las políticas de seguridad no fueron capaces de garantizar la libertad de expresión de los manifestantes ni de prevenir y, en su defecto, reprimir a los delincuentes y violentos. Ambos fracasos fueron la consecuencia de una sorprendente incompetencia de los gobiernos latinoamericanos para interpretar el sentido y alcance de las protestas.

Lejos de prevenir o reprimir el delito y la violencia y, de esa manera, garantizar el ejercicio de las libertades, los militares o los policías militarizados que intervinieron, ratificaron su consabida ineptitud de implementar políticas de seguridad en un régimen democrático.

Hacen falta policías nacionales con personal formado y capacitado en el respeto irrestricto de los derechos humanos. Sin dudas, una monumental asignatura pendiente en Latinoamérica, independientemente del signo partidario o ideológico de los gobiernos, más o menos neoliberales o populistas.

En síntesis, las políticas de seguridad deberán garantizar las libertades y no reprimirlas, identificar a los delincuentes y violentos, apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia para que esta los juzgue y los condene de acuerdo con las normas jurídicas en vigencia. De lo contrario, la democracia está en peligro.

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